Con año y medio de retraso sobre el calendario fijado por Bruselas, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes un real decreto de eficiencia energética que supone la “transposición parcial” de una directiva comunitaria en esta materia. Así, el texto da luz verde a cuestiones capitales como qué deberá contener una auditoría energética, a la que por cierto estarán obligadas todas las empresas, o quiénes serán los profesionales que podrán realizar este tipo de trabajos. Y, sin embargo, la obligatoriedad de que todas las viviendas dispongan desde el próximo 1 de enero de 2017 de contadores individuales de calefacción no fue incluida en el texto del real decreto.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción (Aercca) y el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, entre otras instituciones, denunciaron ayer este retraso porque, en su opinión, constituye un grave perjuicio para cientos de miles de familias que no pueden beneficiarse de las ventajas y ahorros que supone contar con estos dispositivos de medición individual del consumo de calefacción.
El presidente de Aercca, Ignacio Abati, explicó ayer a Cinco Días cómo representantes del Ministerio de Industria han justificado esta decisión por el hecho de estar en funciones. “Nos dicen que han dejado fuera del texto aprobado los artículos o disposiciones que tienen un mayor impacto sobre el cliente final, y sí han incluido los asuntos que repercuten sobre las empresas”.
La sorpresa fue mayor, si cabe, al recordar que en junio pasado todos daban por hecho la inminente aprobación de la transposición de la directiva, ya que existía un borrador de real decreto que había logrado el visto bueno del Consejo de Estado y todos los organismos de control preceptivos, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La OCU interpreta esta aprobación parcial de la normativa europea como un intento a la desesperada del Ejecutivo en funciones por evitar el expediente sancionador de la Comisión a España. ParaApolonio Dorado, vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, “no se comprende que el Gobierno retrase ahora esta exigencia europea dado que en los últimos años ha solicitado, a través del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), la colaboración de los administradores de fincas para que las comunidades de propietarios aprobaran la instalación de repartidores de costes de calefacción”.
Desde Aercca insisten en que la transposición total de la directiva no debe demorarse más, puesto que la experiencia de otros países, así como estudios independientes demuestran que la instalación de estos dispositivos supone un ahorro medio del 20%-25% por vivienda (unos 224 euros al año). Además, representa un avance en la lucha contra el cambio climático, ya que permitirá evitar la emisión de 2,4 millones de toneladas de CO2 al año.
Los administradores de fincas sostienen que, según estimaciones del sector, desde que el año pasado comenzó a divulgarse que el Gobierno ultimaba la implantación de esta directiva europea se han invertido más de 11 millones de euros en la instalación de 400.000 repartidores y 200.000 válvulas termostáticas aproximadamente en todo el país, lo que significa que unos 1.250 edificios residenciales ya han apostado por individualizar su consumo de calefacción.
Desde Aercca insisten en que aunque la obligación de tener estos contadores individuales no esté aún aprobada por ley, la regulación llegará en breve, puesto que procede de una normativa de mayor rango como es la europea. “Además, no solo no han tirado su dinero, sino que han empezado ya a ahorrar”, asegura Ignacio Abati.
Un estudio elaborado por la Universidad de Alcalá concluye que entre las medidas orientadas a ahorrar energía, el uso de repartidores de costes de calefacción central y las válvulas termostáticas es la más eficiente (20%-30%), seguida de la disminución de la temperatura ambiental de la vivienda en un grado centígrado (5%-10%), el cambio de quemador (9%), la mejora de la envolvente del edificio (5%-8%) y el cambio de caldera (7%).
“Es también la más barata, ya que tanto si se opta por comprar los nuevos dispositivos, como si se decide alquilarlos, la inversión se amortiza en menos de dos años, un periodo mucho más corto que otros métodos destinados a conseguir ahorros energéticos en los hogares”, aclara el presidente de Aercca. Por todo ello, la OCU exige al Gobierno que cumpla con sus compromisos y transponga en su totalidad la directiva para que se puedan beneficiar de ella millones de familias.
Fuente: cincodias.com